14 Feb 2012 - 11:23 pm
Dice
el nuevo presidente del Consejo de Estado
'La reforma a la justicia
es difusa'
Por: Diana Carolina Durán Núñez. El Espectador
El magistrado Gustavo Gómez, nuevo presidente del
Consejo de Estado, explica por qué la Rama Judicial teme que se acabe el
sistema de contrapesos de la Constitución del 91.
El
nuevo presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, es
un hombre sin rodeos: sugiere que el procurador Alejandro Ordóñez podría ser
ternado por este alto tribunal en su carrera por la reelección; advierte que
participar en elecciones de órganos de control implica un desgaste para el
Poder Judicial que otros llaman politización de la justicia, y, además, le
muestra los dientes al Ejecutivo sobre la polémica reforma a la justicia.
Anticipa, por último, que la sala electoral (Sección Quinta) ya estudia un proyecto
de fallo por la demanda interpuesta contra la elección de la fiscal general
Viviane Morales.
El Consejo de Estado es quizás el tribunal donde
más se evidencian abusos de la Fuerza Pública. ¿Cómo ve la discusión de ampliar
el fuero militar?
El
Estado tiene el monopolio de la fuerza y la posibilidad de ejercer la violencia
legítima sin cometer delitos, de manera que si los servidores públicos los
cometen el Estado también tiene la obligación de reprocharlos. Crear
excepciones a priori para cualquier servidor público generará desequilibrios
sociales muy graves. Hay que crear entre nuestras Fuerzas Armadas una
conciencia democrática. Queremos militares ideologizados en el respeto por las
personas y la concepción clara de que, por más dura que sea su batalla, la
razón de su misión se principia y se agota en la lucha por el Estado
democrático.
¿El procurador Ordóñez será de nuevo ternado por el
Consejo de Estado para su reelección?
Parece
que sí, pero hay dos enigmas sobre esto: si el acto legislativo (de la reforma
a la justicia) se aprueba, al procurador lo nombrarían las cámaras legislativas
y el presidente, y nosotros no tendríamos nada que hacer ahí. Serían los
intereses de partido, como ha pasado en décadas anteriores cuando a la
Procuraduría la manejaba el Ejecutivo. Si no pasa la reforma seguimos asumiendo
el costo que implica postular órganos de control que manejan una cuota
burocrática grande.
A la justicia también se le acusa, precisamente, de
no querer soltar esa cuota burocrática.
El
hecho de que los jueces postulemos para los órganos de control rompe con esa
tranquilidad del juez que debería estar pensando en procesos. Pero hemos visto
un renacer del país desde la Constitución del 91, con procuradores que han sido
más o menos respetuosos de la Constitución, con contralores como la actual que
por lo menos genera conciencia del control fiscal. Eso se debe a que otro poder
actúa y asume el costo del desgaste, lo que infundadamente llaman politización
de la justicia.
¿Qué puntos de la reforma a la justicia le
preocupa?
Hay
un artículo que privatiza la administración de justicia recurriendo a notarios,
abogados o buenos componedores. Es correr el riesgo de que el recurso a la
justicia se convierta en arbitrariedad y desconfianza. También nos preocupa la
reforma a la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo para crear
salvaguardas que impiden que el Poder Judicial pueda controlarlos.
¿Debería desaparecer la Comisión de Acusación?
La
Comisión está servida por representantes que no tienen formación jurídica. Hay
que pensar en fórmulas audaces que no rompan la arquitectura del Estado. Por
ejemplo, que esté compuesta por partidos de la oposición para evitar ese
maridaje entre mayorías; y con congresistas que tengan formación jurídica.
¿En qué va la demanda contra la elección de la
fiscal Morales?
Ya
se registró un proyecto de fallo. El proceso está en la Sala Electoral (Sección
Quinta), sin embargo, no sabemos si ese proceso vaya a ir a Sala Plena.
¿Conoce el sentido del proyecto de fallo?
Es
confidencial y reservado. Hasta el momento no se ha hecho petición de que la
Sala Plena resuelva esa demanda, aunque cualquier magistrado puede solicitarlo:
27 personas discutiendo pueden ser más objetivas que una sola sección.
¿Qué ‘papas calientes’ evalúa la Sala Plena del
alto tribunal?
La
pérdida de investidura del senador de la U, Juan Lozano, del del exalcalde
Samuel Moreno y de muchos congresistas.
La Contraloría y muchos sectores políticos han
atacado la ineficacia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura (CSJ). ¿Se volvió este un órgano sin controles que debería abolirse?
Hay
que fortalecer su eficacia, quizá cambiando la naturaleza de sus integrantes,
quitándoles el rango de magistrados y convirtiéndolos en técnicos. Algunos
magistrados han dado toda la papaya, pero la Sala es un patrimonio de la Rama
Judicial.
Usted encabezó un acto simbólico para exigir
respeto por el fallo que condenó al coronel (r) Plazas Vega. ¿Fue tan fuerte la
crítica del Ejecutivo?
Participamos
en un acto simbólico para que la sociedad civil se dé cuenta de que tenemos
jueces dignos, tan patriotas como los soldados que están en el Caguán. No es
destacable que un servidor público, sea quien sea, desdiga de fallos
judiciales.
¿Está tan grave el país en su sistema judicial?
En
el concierto latinoamericano, el sistema de justicia de Colombia es un orgullo.
Fíjese lo que ocurre en Ecuador: una justicia que maneja el presidente. En
Venezuela, una justicia que ejecuta las decisiones del gobernante. En Cuba, una
justicia que no es capaz de limitar el ejercicio perenne de unos dictadores. En
Bolivia, el presidente Morales sacó casi a escobazos a los magistrados de la
Corte Constitucional. Los jueces somos de carne y hueso, y nos podemos
equivocar, pero tenemos una cadena muy larga de mártires que han entregado su
vida por ser independientes y autónomos. En Colombia, la justicia fue la que
impidió que pretensiones políticas de líderes importantes tuvieran un
desarrollo individualista, enfocado a ese afecto entre los líderes y la base
popular.
¿No es muy fácil compararse con países como Cuba y
Venezuela?
Si
queremos ampliar el espectro en materia de responsabilidad del Estado estamos
más avanzados que Francia. Tenemos más niveles de protección para los
ciudadanos que en varios países europeos. Aunque tenemos carencias grandes,
desde luego, porque no miramos la fuente real de la problemática que enfrenta
la justicia. Hay quienes piensan que cualquier gasto en justicia es un mal
gasto. Es más importante tener justicia que tener autopistas. Sin justicia no
hay desarrollo.
¿Debería reforzarse el tema de la doble instancia
en la Corte Suprema?
La
Corte Constitucional ya estableció los mecanismos con los cuales puede haber
esos dos momentos. Pasado el problema de la parapolítica el nivel criminológico
de la Corte Suprema va a bajar. ¿Por un episodio que está en proceso de
desaparición vamos a reformar la Constitución? Eso no tiene sentido, más si se
tiene en cuenta que la población de aforados es muy reducida, no son más de 500
en el país. No obstante, la falta de segunda instancia en los juicios a
congresistas y la ineptitud de la Comisión de Acusación sí son cuestiones que
tienen que ser corregidas.
¿Por qué la reforma a la justicia ha generado
encontronazos entre el Gobierno y las cortes?
Las
motivaciones de la reforma son bastante ambiguas. ¿Cuál es la razón real para
modificar la justicia? ¿Resolver un problema administrativo o limitar la
capacidad de la justicia? Ese es el dilema que no hemos podido resolver. Esta
reforma parece concentrar el poder en el Ejecutivo y el Legislativo, que en
términos materiales tienden a ser uno solo por aquello de la gobernabilidad. No
hay reforma a la justicia, sino debilitamiento de ésta.
Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta reforma?
La
reforma no es a la justicia, sino al diseño del Estado. Con la propuesta de la
reforma se va a blindar al Congreso de un órgano judicial que ha logrado
fortalecerlo a partir de devolverle la credibilidad. Se va a debilitar la
pérdida de investidura. A ver cómo queda Colombia sin los diques que impuso la
Constitución del 91 y que ahora se quieren levantar.
¿Le han hecho saber al Gobierno estas inquietudes?
Estamos
en esas. El Consejo de Estado dijo ‘no’ a un proceso simplemente cosmético de
participar en unos debates parlamentarios de apariencia. Un debate significa un
cruce de ideas, en donde los argumentos fluyen y la razón logra el equilibrio.
Cuando eso no ocurre, hablar ante sordos o presentarse ante personas que no
quieren ver es perder el tiempo.
¿Se sienten ignorados por el Congreso?
Claro,
porque presentamos un proyecto de reforma, atendiendo una invitación del
Ejecutivo, para que fuera el Congreso el árbitro. Y, finalmente, el proyecto
del Consejo de Estado fue como enviado al recipiente de la basura. Nunca
supimos si nuestras propuestas por lo menos merecieron una consideración. Quedó
la impresión de que esta fue una reforma concertada, dándole un aval previo de
legitimación muy peligroso para la vida nacional.
¿Cómo ha funcionado la interlocución con el
ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra?
Nos
sentimos muy bien relacionados con todo el equipo del gobierno Santos.
Si esta relación fluye, ¿por qué se sienten tan
ignorados?Porque
el mundo de la política es muy distinto al de la justicia.
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