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viernes, 22 de agosto de 2014

Claves del proyecto de Reforma a la Justicia. Ministerio de Justicia y del Derecho.

Claves del proyecto de Reforma a la Justicia.
Ministerio de Justicia y del Derecho.

El ministro de justicia y del derecho, Alfonso Gómez Méndez, hizo entrega formal hoy al presidente de la República, Juan Manuel Santos, del proyecto de reforma a la justicia que preparó su despacho con base en el trabajo desarrollado en los últimos meses por una comisión asesora de alto nivel.

La comisión asesora estuvo integrada por el ex ministro Bernardo Gaitán Mahecha, el ex fiscal general Guillermo Mendoza Diago, el ex vicefiscal y ex presidente de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño, el ex presidente de la Corte Constitucional Augusto Ibáñez y el ex constituyente Gustavo Zafra Roldán.

Los puntos centrales del proyecto entregado al Presidente son los
siguientes:

1. Justicia, derecho fundamental. La reforma busca convertir el acceso a la justicia en un derecho de carácter fundamental. Eso permitirá que las personas acudan a la acción de tutela como mecanismo para defender el acceso a la justicia. De esa forma, se le imprime a toda la administración de justicia la rapidez que aplica cuando resuelve acciones de tutela.

2. Cambios en tutela. En materia de tutela, el proyecto tiene varios objetivos.
Primero, busca crear jueces y magistrados que especialicen en resolver tutelas. Antes de que dicten sentencia, los jueces y magistrados tendrán que evaluar si su decisión vulnera algún derecho fundamental de alguno de los sujetos procesales. Si omiten ese requisito, esto implicaría nulidad de la sentencia. Por otro lado, se dispone que la acción de tutela no procede contra sentencias de tutela de constitucionalidad dictadas por la Corte Constitucional, ni contra fallos de nulidad por constitucionalidad emitidos por el Consejo de Estado. En el caso de tutelas contra fallos judiciales, estas deben ser interpuestas por un abogado. Además, se dispone que las tutelas que se tramiten en las altas cortes serán tramitadas por una sala o sección diferente a la que emitió el primer fallo. La decisión de esas cortes será enviada a la Corte Constitucional para que sea eventualmente revisada. Si es seleccionada, deberá resolverse en Sala Plena. Se establece, además, que las tutelas contra sentencias no se podrán interponer después de cuatro meses de haberse proferido el fallo.

3. Se acaba la Judicatura. El proyecto elimina el Consejo Superior de la Judicatura. En su reemplazo habrá un Tribunal Disciplinario de nueve magistrados y una Junta de Gestión de la Administración Judicial. El Tribunal asumirá las investigaciones disciplinarias de magistrados, Fiscal General y abogados. La primera elección de sus miembros se hará de la siguiente manera: tres por el Presidente de la Corte Constitucional, tres por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y tres por el Presidente del Consejo de Estado. Para conformar el nuevo Tribunal Disciplinario se podrían admitir exmagistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de Estado. El Tribunal Disciplinario no conocerá de acciones de tutela.

La Junta de Gestión de la Administración Judicial tendrá representantes de todas las cortes. Habrá un Gerente de la Administración Judicial, que será un profesional con título de Maestría en Ciencias Administrativas, Económicas o Financieras y tener, como mínimo, veinte años de experiencia profesional, de los cuales diez, al menos, deben corresponder al sector público.

4. Se prohíben reelecciones. El proyecto prohíbe la reelección de todas las cabezas de los organismos de control, así como del Fiscal General e la Nación. El proyecto incluye entre las prohibiciones la reelección del Procurador General, que no estaba consagrada de manera explícita en la Constitución Política.

5. Cortes sin funciones electorales. Con el propósito de que las altas cortes se concentren en administrar justicia, se les quitan sus funciones electorales.

6. Cambios en elección de órganos de control y Fiscal General. En cuanto a la elección de altos cargos de órganos de control y del Fiscal General, el proyecto plantea algunos cambios. En el caso del Fiscal General, este será designado por el Presidente de la República de una lista de seis candidatos postulados por la Corte Suprema de Justicia. El Procurador será elegido por el Senado de una terna enviada por el Presidente de la República y la postulación y elección del Contralor pasa a ser competencia de la Cámara de Representantes.

7. Aumento de requisitos para ser magistrado. El proyecto sube de 10 a 20 años la experiencia mínima para los magistrados de altas cortes, que seguirán con períodos de ocho años. Al mismo tiempo, se aumenta la edad de retiro de los magistrados a los 70 años. Luego de dejar sus cargos, los magistrados no podrán formar parte de otra Corte.

8. Fin a la puerta giratoria. El Gobierno no podrá elegir, postular o nominar para cualquier cargo a un magistrado en ejercicio. Éste sólo podrá aceptar un cargo en esas condiciones después de dos años de su retiro. La reforma prohíbe que los servidores públicos o sus reemplazos transitorios postulen, nombren o elijan como empelados a quienes hayan intervenido en su elección o sus parientes.

9. Magistrados por concurso. El proyecto cambia el sistema de elección de los magistrados. El proceso será por “concurso público de méritos”, que debe hacer cada corporación. Hoy, las listas de elegibles las elabora la Sala Administrativa de la Judicatura, que desaparecerá.

10. Se mantiene intacta Corte Constitucional. Los magistrados de la Corte Constitucional seguirán siendo elegidos por el Congreso de la República, de ternas que integrarán el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

11.Nace Comisión de Aforados. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se transformará en la Comisión para Aforados Constitucionales. El nuevo organismo también estará integrado por representantes a la Cámara que sean abogados penalistas. El Senado podrá conocer de las acusaciones en materia penal contra el Presidente, el fiscal o los magistrados de las altas cortes, cuyos casos sean llevados por la Cámara.

12. Doble instancia para congresistas. La suspensión de las funciones de los congresistas y la pérdida de investidura tendrán doble instancia. El trámite podrá tardarse como máximo cuarenta días, contados a partir de la fecha de la solicitud.

13.Funcionarios administrativos y justicia. La reforma autoriza, de manera excepcional, que la ley atribuya funciones jurisdiccionales en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no podrán juzgar conductas definidas por la ley como delitos. Se abren las puertas para que la ley establezca el juzgamiento de las contravenciones mediante procedimientos breves y orales, por autoridades administrativas de policía del orden Nacional, Departamental, Municipal o Distrital.

14. Jueces en todos los municipios. La reforma establece que en cada municipio habrá al menos un juez, cualquiera que sea su categoría y competencia. La reforma establece que durante los primeros seis años de su vigencia se destinen por lo menos dos billones de pesos adicionales para la Rama Judicial, para la ejecución de planes de descongestión en todas las jurisdicciones; a la implementación de los procedimientos orales y por audiencias; al uso, acceso y dotación de tecnologías de la información y las comunicaciones; y a la inversión en infraestructura que garantice la adecuada atención de los ciudadanos y la eficiente tramitación de los procesos.


15.Pérdida de investidura de Congresistas. Se establece en el Consejo de Estado la doble instancia para la pérdida de investidura de los congresistas y se agrega una nueva causal de pérdida de investidura: la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.

El ministro Yesid Reyes habló sobre el proyecto para reformar el sector y la problemática carcelaria, entre otros. Caracol radio

Buscaré una justicia confiable, expedita y de fácil acceso: Minjusticia. Entrevista en Caracol Radio hoy por hoy 6:ooa.m., viernes 22 de agosto de 2.014.

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domingo, 17 de agosto de 2014

'La justicia puede ser efectista o eficiente': La entrevista de Cecilia Orozco. elespectador.com

LA ENTREVISTA DE CECILIA OROZCO 16 AGO 2014 - 9:00 PM
'La justicia puede ser efectista o eficiente'
Yesid Reyes, recientemente nombrado ministro de Justicia, comenta con tacto las diferencias entre su antecesor y el fiscal general, el choque de intereses que podría presentarse en una reforma a las cortes, la prioridad que le dará a una administración judicial más ágil y la necesidad de entender que el concepto de justicia es más amplio que el de pagar penas en prisión.
Por: Cecilia Orozco Tascón elespectador.com

Nadie fue a la cárcel por la muerte de mi padre (magistrado Alfonso Reyes, muerto durante la retoma del Palacio de Justicia). Y, sin embargo, se hizo justicia”: Dice Yesid Reyes. / Cristian Garavito - El Espectador

Su nombramiento fue bien recibido por todos, pero ocurrió en mitad de una confrontación del fiscal general con su antecesor, Alfonso Gómez Méndez, cuyo retiro se precipitó, al parecer, por esa circunstancia. ¿Está incómodo con la situación por ser amigo cercano tanto del uno como del otro?
La única referencia que tengo sobre los motivos para designarme como ministro es el generoso ofrecimiento que me hizo el presidente, el cual agradezco y recibí como un honor. Respecto al fiscal Montealegre y a Alfonso Gómez Méndez, no tengo ningún comentario distinto a decirle que es cierto que soy buen amigo de ambos: conozco a Alfonso Gómez desde cuando yo tenía 6 o 7 años, es decir, hace 50 años, y a Eduardo Montealegre, desde hace unos 35.

¿Por qué conoció a Gómez Méndez siendo tan niño?
Porque él era un joven estudioso e inquieto que vivía, como muchos colombianos, en zona rural. Su sueño era ser abogado y en su pueblo (Chaparral, Tolima) oyó que había una persona oriunda de ahí graduada en derecho, que trabajaba en una universidad muy conocida en Bogotá. Decidió viajar a buscarla para que le ayudara a ingresar al Externado. Se trataba de mi padre, que lo apoyó de inmediato.

¿Sucedió cuando su papá (Alfonso Reyes, presidente de la Corte Suprema) era magistrado?
No. Él fue magistrado al final de su vida. El encuentro con Alfonso ocurrió mucho antes, cuando mi padre era profesor de derecho penal. En medio de la conversación sobre sus estudios, él le preguntó a Alfonso si tenía dónde hospedarse. Cuando dijo que no, le ofreció quedarse con nosotros mientras se organizaba. Después de un tiempo se fue, pero, entonces, también pasaba muchos fines de semana con la familia.

¿Dónde y por qué conoció a Eduardo Montealegre?
También tiene que ver con el Externado: fuimos compañeros durante los cinco años de la carrera. En 1983 coincidimos en un viaje a Europa. Queríamos saber cómo funcionaba el derecho penal en distintos países. Estuvimos estudiando en España y en Italia durante seis meses. Después él se quedó en España y yo me fui a Alemania, otros seis meses. A comienzos de los 90 volví a ese país porque gané una beca de investigación en la Fundación Humboldt. Estando allá conversé con Montealegre sobre mi experiencia. Se interesó y optó por esa beca. Llegó a Alemania justo en los días en que yo estaba terminando mi estancia allá. Así que hemos estado en contacto en varios momentos de la vida.

Se ha dicho que parte de las diferencias entre el exministro y el fiscal tienen que ver con sus diversas opiniones sobre el sistema judicial que se debe aplicar en Colombia. ¿En cuál de los dos lados —penal acusatorio o sistema inquisitivo— está usted?
Reconociendo que es mejor el sistema de tendencia acusatoria, también hay que aceptar que ha tenido problemas en su implementación. Esto lo admiten tanto amigos como enemigos del mismo. Pero, realmente, no me acuerdo de haber escuchado declaraciones públicas de Alfonso con la intención de terminar el sistema acusatorio. Ha señalado fallas puntuales que no deben descartarse sin examinarlas. Son tan evidentes que la misma Fiscalía tiene avanzado un proyecto que se orienta a corregirlas.

Después del episodio del que hablamos, ¿cómo cree que deberían plantearse sus relaciones, como ministro de Justicia, con el fiscal general?
El presidente Santos mencionaba, en su discurso de posesión, la necesidad de que todos trabajemos en una misma dirección y eso, aunque no lo parezca, es importante en cuanto a la administración de justicia y lo que se deba hacer para mejorar su funcionamiento. Este no un trabajo exclusivo del ministro de Justicia sino que requiere la colaboración de todos los operadores del sistema, incluyendo, por supuesto, a la Fiscalía, además de los otros órganos y de la casi totalidad de los ministerios: Defensa, Hacienda, Tecnología, etc. Más importante que ser la cabeza de esa transformación es formar parte de su engranaje, con tal de que se logre el objetivo.
Según sus primeras declaraciones, usted ha dado la impresión de que la reforma del acceso ciudadano a la justicia será prioritaria, más que los problemas sobre el manejo electoral en las altas cortes. ¿Es así?
Sí. El tema que usted plantea en cuanto a las cortes y sus funciones electorales es importante, pero estoy seguro de que la mala imagen o, si quiere, la percepción del funcionamiento deficitario de la justicia que tiene el ciudadano de a pie no se debe a lo que ocurre en esos tribunales. Para mí es prioritario y más sensible el contacto diario de la ciudadanía con la justicia que, probablemente, se puede mejorar con una mínima intervención legislativa, sin modificaciones constitucionales y, tal vez, con una reforma gerencial u operativa.

Si bien es cierto que una justicia rápida es una necesidad social, también lo es que termine el mal ejemplo que algunas cabezas de la Rama Judicial han dado. ¿No cree que dedicarse a un problema y no a otro puede resultar mal ante la opinión?
No he dicho que voy a dedicarme sólo a un problema. Me preocupa que se genere la impresión de que si se modifica el funcionamiento de las cortes, se van a solucionar las fallas de la justicia. Y eso no es cierto. Por supuesto, hay que abordar el tema de los altos tribunales. Es más: el presidente lo ha dicho e incluso lo puso como un asunto importante de la agenda.

Perdone que insista en el punto, pero hay un puñado de magistrados que le han hecho mucho daño a la majestad de la justicia con sus ventajas electorales, sus brincos de corte en corte, sus votos para favorecerse entre sí. ¿Cómo tramitar una reforma independiente, sin la injerencia de quienes pueden resultar afectados con ella?
No creo que se pueda llegar a una reforma a la justicia de consenso, en el sentido de que todos pensemos exactamente lo mismo. No hay que temerle a la discrepancia. Me parece sana, siempre y cuando quienes intervengan lo hagan con el propósito de llegar a una meta común: el interés general. Eso supone que la discusión es bienvenida en la medida en que, uno, se entienda que lo que se pretende es mejorar la administración de justicia, y dos, que para lograr ese fin, todos estamos dispuestos a renunciar a posiciones personales. Y cuando hablo de “personales”, no sólo me refiero a individuos sino también a instituciones.

En teoría, lo que usted dice parece viable. Pero cuando hay poderosos intereses personales y de grupo es casi imposible que no traten de imponerlos sobre el bien común.
Debe partirse de la base de que hay buenas intenciones. Invitaría a todos los que tienen participación operativa en el sistema judicial a debatir ideas, a controvertir posiciones teniendo en cuenta los dos propósitos que ya mencioné y que me gustaría reiterar: uno, buscar el mejoramiento de la administración de justicia, y dos, estar dispuestos a renunciar a posiciones personales.

¿Está de acuerdo con las funciones que la Constitución les asignó a las cortes de nominar y elegir funcionarios y que han terminado en procedimientos poco transparentes?
Mi concepción sobre las cortes ha sido siempre la de aquellas que se dedican al tema estrictamente judicial. El ideal de corte con el que crecí era el del tribunal que creaba jurisprudencias y nada más. En principio, pienso que las funciones electorales son extrañas a las cortes, tan extrañas que nunca las pidieron sino que terminaron llegando a ellas por iniciativa ajena a la rama. Y, es cierto que, en términos generales, han tenido efecto negativo. De manera que es un punto que vale la pena revisar.

El presidente de la Corte Suprema dijo este fin de semana que el problema de las funciones electorales de las cortes no es tanto “a quién se le quitan sino a quién se le asignan”, dando la sensación de que se opone a la reforma. ¿Qué opina al respecto?
Él debe estar planteando un debate sobre el tema y, como tal, es bienvenido. En desarrollo de ese debate se deberán analizar tanto esa postura como las de quienes se han venido oponiendo a que las altas cortes continúen con las funciones electorales.

Otro tema que ha sido muy criticado es el del exceso de poder de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. ¿Está de acuerdo con la revisión de las funciones de los órganos de control o piensa que esta discusión se presenta por las personas que los están dirigiendo ahora?
Es un tema que también valdría la pena revisar. Es posible que haya superposición de funciones en esas instituciones y que se hayan hecho más evidentes en algunas administraciones que en otras. Pero, fundamentalmente, puede haber un problema de diseño.

Frente al proceso de paz, su reto no será menor: si se llega a acuerdos finales, usted tendrá que hacerle entender al país que los guerrilleros que se reintegren al Estado necesitarían un tipo de justicia especial que podría significar, por ejemplo, disminución de penas. ¿Cómo cree que podría lograr esa especie de perdón colectivo?
Creo que hay que empezar con una labor de pedagogía, haciendo énfasis en que el concepto de justicia no es monocromático sino mucho más amplio de lo que la gente suele percibir. Normalmente se interpreta que justicia es cárcel, y por eso también se suele pensar que si no se aplica una determinada pena, no hay justicia. Entonces hay que explicar y aceptar que no toda la justicia es penal ni toda la justicia penal es aplicación de medidas privativas de la libertad.

Usted posee una condición personal muy interesante por el momento que vive el país: es hijo de quien se convirtió en símbolo de la justicia, el presidente de la Corte Suprema que murió en 1985 durante la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla y la retoma por el Ejército. ¿Esta característica condicionará su ministerio en momentos en que se intenta llegar a un acuerdo de paz?
La recta y eficiente administración de justicia era el norte de mi padre y lo fue toda su vida. En ese sentido, sí estaré condicionado. Ahora, si usted se refiere específicamente a la muerte de mi padre durante la toma y retoma del Palacio, los procesos que se abrieron en su época y que tenían que ver con la actuación del M -19 terminaron con un indulto que permitió que se reinsertaran los guerrilleros en la sociedad.

¿Y cuáles son sus sentimientos respecto a esa decisión política?
Es un punto interesante para comentar porque la gente piensa que figuras como la amnistía o el indulto equivalen a la negación de justicia. Y esa, como decía al comienzo, es una visión muy estrecha. Las decisiones de indulto o amnistía que se tomaron respecto del M-19 por los hechos del Palacio constituyeron una manifestación de justicia que Colombia decidió aplicar. Y así debe tomarse.

Pero ¿usted estuvo de acuerdo con esa decisión en ese momento o lo está hoy?
En cuanto a los hechos que condujeron a la muerte de mi padre, el país hizo justicia. Que esta es, a veces, imperfecta, sí, hay que admitirlo: la justicia, en general, tiene imperfecciones. Pero en el caso de mi papá, repito, se aplicó justicia.

¿Piensa y siente lo mismo aún teniendo en cuenta que el resultado catastrófico de la retoma se debió a excesos militares, según varios conceptos judiciales?
Hay dos cosas que hay que aclarar respecto de la muerte mi padre: uno, que nunca hubo ninguna investigación que involucrara a miembros de las Fuerzas Militares en su caso particular, y dos, que en cuanto a la operación general de la retoma, hubo demandas de las víctimas y yo fui uno de los demandantes. El Consejo de Estado condenó a la Nación por abuso en el ejercicio de la fuerza con lo cual, en ese ámbito concreto, también operó la administración de justicia.

¿Su corazón esconde algún rencor?
Tengo un lindo recuerdo de mi padre y no siento ningún rencor. Evidentemente, hubo dolor, pero hoy vivo absolutamente tranquilo. Cada persona tiene que buscar su paz interior y cuando accede a ella puede decir que ha perdonado. Ese es mi caso.

¿Cree que su experiencia puede ser útil para el proceso de paz de La Habana?
Por supuesto, entendiendo que el concepto de perdón no es un formalismo sino que supone interiorizar la sensación de tranquilidad y no simular que se acepta sin que sea real. No puede haber paz si salimos a decir que perdonamos, pero continuamos odiándonos. Por eso es tan importante entender que la justicia no es, como le decía al inicio de esta entrevista, monocromática. Nadie fue a la cárcel por la muerte de mi padre. Y, sin embargo, reitero que se hizo justicia.

Va a cerrar o a mantener abierta su oficina de abogado litigante?
Se cierra por completo. Me voy con quienes me ayudaban. No queda nadie aquí.

¿Y los procesos que llevaba?
Estoy renunciando a todos y también estoy revisando unos temas puntuales en los que podría tener que ver como ministro, para saber si debo o no declararme impedido.

Usted nunca ha tenido que lidiar con los intereses entrecruzados de los mundos político y judicial, ¿cómo se enfrentará a ellos?
Con la Rama Judicial tengo muy antigua relación y creo que la conozco bastante bien. Por supuesto, tengo muchísimo menos contacto con el mundo de la política. Sin embargo, pienso que estamos en un momento en que la gente realmente quiere tener un país mejor, de tal manera que confío en que se pueden aunar esfuerzos.

El primer “chicharrón” que va a tener que enfrentar va a ser el de una escandalosa reforma a la justicia que “mató” el presidente precisamente porque era inaceptable, y que podría revivir en estos días por un fallo del Consejo de Estado. ¿Qué harían ustedes en ese caso?
Me parece un error comentar sentencias antes de leerlas y peor aún si no han sido proferidas. Prefiero esperar a que el Consejo de Estado se pronuncie.

Cómo cree que se puede conciliar la necesidad nacional de alcanzar la paz con las obligaciones del Estado, nacidas de convenios internacionales y del Derecho Humanitario que no se pueden “colombianizar”?
El Marco Jurídico para la Paz y la reciente decisión de la Corte Constitucional al respecto tienen límites claros y no desconocen los convenios internacionales. Estos son parámetros generales que como tales deben ser respetados. Pero, usando su expresión, sí se pueden “colombianizar” en el sentido de que hay que aplicarlos en la realidad del conflicto interno. Estoy seguro de que la comunidad internacional es receptiva frente a la modulación de esos principios en casos concretos.

Usted usa la expresión “comunidad receptiva” pero más bien, ¿la comunidad internacional no debería ser “comprensiva” con la situación que ha padecido Colombia?

El término “comprensivo” podría dar la impresión de que vamos a desconocer parámetros internacionales y que nos deberían perdonar ese desconocimiento. Lo adecuado es que la comunidad internacional sea receptiva, o sea, que entienda que los parámetros generales que ella ha trazado, pueden ser dúctiles.

viernes, 15 de agosto de 2014

‘La verdadera reforma a la justicia es la que acerca la justicia a los ciudadanos': Presidente Santos.

‘La verdadera reforma a la justicia es la que acerca la justicia a los ciudadanos': Presidente Santos
“Uno de los objetivos que tenemos en este nuevo periodo es el de restablecer en nuestra democracia el principio de ‘pesos y contrapesos’ que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial”, señaló el Jefe de Estado. 
Montería, 14 ago (SIG).

“La verdadera reforma a la justicia, que venimos haciendo año tras año, es la que acerca la justicia a los ciudadanos”, aseveró este jueves el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en un mensaje enviado a los asistentes al XVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria – ‘Justicia y Democracia’, cumplido en Montería.
En la comunicación, el Jefe de Estado reiteró que uno de los objetivos trazados por su administración es restablecer el sistema de pesos y contrapesos del Estado.
“Uno de los objetivos que tenemos en este nuevo periodo es el de restablecer en nuestra democracia el principio de ‘pesos y contrapesos’ que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por la falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales”, señaló el Mandatario.
“Se trata de una reforma del Estado para fortalecer la legitimidad democrática de nuestras instituciones”, explicó.
Al exponer los alcances de las propuestas que en este sentido presentará su Gobierno, el Mandatario reiteró que su administración propondrá la eliminación de la reelección presidencial.
“Dentro de las propuestas está la eliminación de la reelección presidencial y la eventual extensión del período presidencial a 5 ó 6 años, sin que dicha extensión de ninguna manera me cobije”, precisó.
Al referirse a las facultades nominadoras de los organismos del poder judicial, el Presidente Santos indicó que se propondrá “eliminar las atribuciones de selección, nominación y designación de autoridades del Estado por las Altas Cortes, y ponerle coto a la llamada “puerta giratoria”.
“Sé que muchos de ustedes comprenden que estas actividades nominadoras y electorales acaban afectando el prestigio de unas Cortes que deben reconocerse por su absoluta independencia del juego político”, agregó.
De la misma forma, el Presidente de la República planteó la necesidad de que las facultades y atribuciones de los organismos de control sean revisadas.
“Esto será también tema de estudio en esta reforma de equilibrio de poderes”, sostuvo.
Finalmente, el Mandatario resaltó la importancia de que los ciudadanos puedan acceder a la justicia fácilmente, como lo hacen con la Acción de Tutela.

“Tenemos que hacer que el acceso a la justicia sea fácil y que las decisiones en todos los procesos se tomen en términos razonables y perentorios”, puntualizó.

Presidente Santos pide agilizar implementación de las TIC en la justicia • El Mandatario urgió a los administradores de la justicia para que en un año ya esté implementado en Colombia el expediente judicial electrónico. Montería 14 agosto (SIG).

Presidente Santos pide agilizar implementación de las TIC en la justicia
• El Mandatario urgió a los administradores de la justicia para que en un año ya esté implementado en Colombia el expediente judicial electrónico. 
Montería, 14 ago (SIG).      
En un mensaje enviado al XVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria que se realiza en Montería, el Presidente Juan Manuel Santos pidió agilizar la implementación de las TIC en el sector Justicia.
“Quiero llamar su atención sobre un aspecto, aparentemente técnico o procedimental, que puede y debe hacer la diferencia en la administración de justicia y sacarnos definitivamente de los últimos puestos en materia de duración de los procesos”, dijo.
Y agregó: “Tenemos buenos nuevos códigos, con procedimientos ágiles y orales, pero nada de esto puede aplicarse cabalmente si no aceleramos el proceso de implementación de las TIC para la justicia, es decir, la Justicia Digital”.
El Mandatario recordó que el Ministerio de las TIC y el Consejo Superior de la Judicatura ya diseñaron un plan de ruta y que el Gobierno destinó, el año pasado, recursos por 143 mil millones de pesos para esta tarea.
“Ahora nos toca acelerar para que el expediente judicial electrónico sea finalmente una realidad”, recalcó.
En este sentido, el Jefe de Estado urgió a los administradores de la justicia para que en un año ya esté implementado en Colombia el expediente judicial electrónico.
“Sería la mejor noticia para ustedes y para todos los usuarios de la justicia”, dijo y enfatizó: “No nos esperemos a que venza el plazo que nos da la ley, porque no hay disculpas para demorarlo”.
El Presidente Santos consideró que esta no es una tarea solamente del Consejo Superior de la Judicatura, sino que es un tema de todos los miembros de la rama judicial.

Al garantizar el apoyo del Ministerio de las TIC para este propósito, el Presidente Santos invitó a todos los jueces a que “se certifiquen como ciudadanos digitales y a que demuestren que Colombia puede tener una justicia moderna que sirva mejor, con las herramientas de la tecnología, a todos los colombianos”.

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos con motivo del XVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria - ‘Justicia y Democracia’

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos con motivo del XVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria - ‘Justicia y Democracia’
Montería, 14 ago (SIG).
“Qué bueno poder ratificar en este encuentro –el primer encuentro con la rama judicial en mi segundo periodo de gobierno– lo que dije hace 4 años, cuando llegué a la Presidencia con el propósito de restablecer el diálogo entre Gobierno y jueces, por el bien de Colombia y sus instituciones.
Dije entonces que la Justicia podía esperar de mi gobierno respeto, colaboración y autonomía, y lo hemos confirmado con hechos, con presupuesto y con actitudes.
Hoy los invito –así como lo dije a todos los colombianos el 7 de agosto– a que nos unamos en el trabajo para hacer realidad esta visión esencial que he propuesto al país: lograr una Colombia en paz, una Colombia en equidad, una Colombia educada.
Sin duda la justicia es un componente fundamental de la paz.
Con un acceso pronto y oportuno a la justicia para todos los ciudadanos –sin importar recursos o ninguna otra condición– se logra el objetivo primordial del Derecho, que es facilitar la convivencia y el respeto dentro de los miembros de una sociedad.
En la medida en que los litigios y diferencias se resuelvan por la vía judicial o por mecanismos de justicia alternativa –como el arbitraje o la conciliación– se consolida en la nación un entorno de civilización y paz: el que da la tranquilidad de saber que las diferencias se pueden arreglar de manera pacífica, a través de las instituciones.
Y la justicia también es sustento de la democracia, razón por la cual ustedes hoy organizan este encuentro alrededor de estos dos valores.
He citado mucho –pero hace ya rato que no lo hago– la comparación de Franklin Delano Roosevelt quien decía que, en una democracia, los tres poderes públicos son como tres bueyes que jalan un mismo arado.
Si todos jalan al tiempo y en la misma dirección, el trabajo se hará bien y con facilidad, pero si los bueyes van cada uno por su lado, el trabajo será infructuoso.
Por eso es tan importante el respeto entre las ramas del poder.
Ninguna debe invadir el carril de la otra –eso es autonomía– pero al mismo tiempo todas deben ir en la misma dirección –eso es armonía–.
Si algo hace avanzar a una nación es que sus poderes obren con autonomía y con armonía.
Yo creo, apreciados magistrados y jueces, que mi gobierno ha dado muestras concretas de este talante, es decir, ha sido siempre respetuoso –como corresponde– de las decisiones judiciales, favorables o adversas.
Mi administración no cuestiona los fallos: los acata y presta su concurso a los jueces para su cumplimiento efectivo.
Así sido, así es y así seguirá siendo.
Y hablando de los poderes, como ustedes saben uno de los objetivos que tenemos en este nuevo periodo es el de restablecer en nuestra democracia el principio de “pesos y contrapesos” que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por la falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales.
Se trata de una reforma del Estado para fortalecer la legitimidad democrática de nuestras instituciones.
Dentro de las propuestas está la eliminación de la reelección presidencial y la eventual extensión del período presidencial a 5 ó 6 años, sin que dicha extensión de ninguna manera me cobije.
En cuanto al poder judicial, la propuesta es eliminar las atribuciones de selección, nominación y designación de autoridades del Estado por las Altas Cortes, y ponerle coto a la llamada “puerta giratoria”.
Sé que muchos de ustedes comprenden que estas actividades nominadoras y electorales acaban afectando el prestigio de unas Cortes que deben reconocerse por su absoluta independencia del juego político, y además les quitan tiempo a su altísima misión.
El doctor Hernando Yepes, constituyente y exmagistrado, dijo en su momento que esas facultades eran como un “regalo envenenado” a las Cortes, expresión que ha retomado el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas.
Tenemos muy buenos jueces en Colombia, y seguiremos haciendo lo que esté a nuestro alcance para exaltar, facilitar y dignificar su misión.
Y de eso trata esta reforma: de que los jueces y magistrados se dediquen a hacer lo que hacen mejor, que es impartir justicia y proteger los derechos de los colombianos.
Los organismos de control y fiscalización también requieren de una revisión pormenorizada de sus facultades y atribuciones, y esto será también tema de estudio en esta reforma de equilibrio de poderes.
Ahora bien, hay que entender –como he dicho siempre– que la reforma a la justicia no es solo una reforma constitucional que toque a las Altas Cortes.
La verdadera reforma a la Justicia –que venimos haciendo año tras año– es la que acerca la justicia a los ciudadanos, y no necesariamente implica cambiar la Carta Política.
El Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso, y el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional –por ejemplo– han dado a la justicia y a los ciudadanos un conjunto armonioso de normas para que los procesos cumplan su cometido, que es la pronta resolución de los conflictos.
Su adecuada implementación es un reto que tenemos que seguir asumiendo juntos.
Y aquí quiero reforzar un término que utilizó nuestro nuevo ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Yesid Reyes Alvarado, hace algunos meses en una columna de prensa: “Hay que tutelizar la justicia”
Es decir, tenemos que hacer que el acceso a la justicia sea fácil y que las decisiones en todos los procesos se tomen en términos razonables y perentorios, como ocurre con las tutelas.
Y sea el momento, por supuesto, para dar la bienvenida al Ministro.
Y qué bueno poder hacerlo ante la Jurisdicción Ordinaria, la misma que presidió su padre, el jurista y penalista tolimense Alfonso Reyes Echandía, cuyo recuerdo vivirá siempre en nuestra memoria como la figura valiente y simbólica del Holocausto del Palacio de Justicia.
¡Qué orgulloso estaría él, doctor Yesid, al verlo ocupar este alto cargo de servicio a la patria!
Y sea la ocasión también para hacer un reconocimiento a otro ilustre tolimense, chaparraluno, por su destacado trabajo al frente de esta cartera, digno de su trayectoria pública y profesional.
No está ahora con nosotros pero ¡muchas gracias desde acá al doctor Alfonso Gómez Méndez!
Volviendo al tema de la reforma, quiero insistir en que la constitucional es necesaria y conveniente, pero que no es ésta la que le resuelve los problemas al ciudadano común, al que es víctima de robos o lesiones, y siente la ausencia del aparato judicial.
Por eso hay que trabajar en mejorar esa relación “justicia-ciudadano” con reformas que no tienen que ser necesariamente actos legislativos, sino leyes o decretos, o incluso simplemente con actos de buena gerencia.
Son bienvenidas las diferentes opiniones sobre la forma de mejorar la justicia. Pero ese ejercicio dialéctico debe estar orientado a un propósito común que es el de conseguir superar las dificultades que tiene la administración de justicia.
Y esto lo haremos juntos, remando en la misma dirección, teniendo en cuenta las diferentes ideas y posiciones, con el compromiso de llegar a acuerdos aun cuando esto implique ceder en posiciones personales, pero siempre en beneficio de nuestra justicia.
No hablo de consensos respecto a todo –porque quizá fue la búsqueda del consenso la que más trabas puso a la reforma constitucional a la justicia que se intentó en el periodo pasado–, pero sí de un ejercicio de convivencia, esa convivencia que es esencial para la paz.
Y quiero llamar su atención sobre un aspecto –aparentemente técnico o procedimental– que puede y debe hacer la diferencia en la administración de justicia y sacarnos definitivamente de los últimos puestos en materia de duración de los procesos.
Tenemos buenos nuevos códigos, con procedimientos ágiles y orales, pero nada de esto puede aplicarse cabalmente si no aceleramos el proceso de implementación de las TIC para la justicia, es decir, la Justicia Digital.
El Ministerio de las TIC y el Consejo Superior de la Judicatura ya diseñaron el plan. La ruta existe.
También el Gobierno ha puesto los recursos. No más el año pasado se destinaron 143 mil millones de pesos a este efecto.
Ahora nos toca –repito– acelerar para que el expediente judicial electrónico sea finalmente una realidad.
Entonces les pongo reto a los administradores de la justicia: que en un año, cuando vuelva a este Congreso, ya tengamos en Colombia implementado el expediente judicial electrónico.
Sería la mejor noticia para ustedes y para todos los usuarios de la justicia.
No nos esperemos a que venza el plazo que nos da la ley, porque no hay disculpas para demorarlo.
Hoy tenemos al fin conectividad de banda en todos los municipios. Ya tenemos el plan diseñado. Están los recursos. Y solo falta la voluntad y el trabajo de implementación.
Y digo más: ésta no es una tarea solamente del Consejo Superior de la Judicatura, sino que es un tema de todos los miembros de la rama.
Invito a todos los jueces a que se certifiquen como ciudadanos digitales y a que demuestren que Colombia puede tener una justicia moderna que sirva –con las herramientas de la tecnología– mejor a todos los colombianos.
Desde el Ministerio de las TIC, el ministro Molano me ha asegurado que tienen toda la disposición para seguir apoyando este proceso.
Apreciados amigos de la Jurisdicción Ordinaria:
Cuando hablamos de un país en paz, con equidad y educado, hablamos de Justicia.
Porque la justicia es base para la paz, y la justicia transicional será el mecanismo que nos permitirá dar el paso del conflicto a una sociedad que convive en armonía.
Porque la justicia es la base de la equidad, pues en un estrado judicial nadie es mayor que nadie –todos son iguales– y nos corresponde a nosotros asegurar el acceso fácil y oportuno a todos los ciudadanos.
Y porque la justicia es la prueba de un país bien educado, donde las personas –formadas en el amor al conocimiento y no en la violencia– valoran la cultura de la legalidad y el arreglo pacífico de las controversias.
Bien decía Simón Bolívar: “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”.

Muchas gracias y muchos éxitos en este encuentro". 

'La verdadera reforma es acercar la justicia a la gente': Minjusticia Yesid Reyes.

'La verdadera reforma es acercar la justicia a la gente': Minjusticia
Yesid Reyes dice que penas alternativas no equivalen a renunciar a la justicia.
Por:  JUSTICIA | eltiempo.com
11:14 p.m. | 13 de agosto de 2014

El nuevo ministro de Justicia, Yesid Reyes, señaló que la política antidrogas buscará salidas alternativas menos represivas.

El nuevo ministro de Justicia, Yesid Reyes, asegura que más allá de una “cirugía” a los altos poderes de la justicia, el país necesita un aparato judicial eficiente que les dé respuesta pronta a los ciudadanos de a pie. Por eso habla de una “tutelarización” de la justicia.

¿Cómo será la reforma de la justicia que presentará el Gobierno al Congreso?
Yo no conozco la reforma que estaba trabajando el ministro Alfonso Gómez Méndez. Además de lo que se ha venido promocionando para tocar temas relativos a las altas cortes, me parece muy importante una reforma mucho más puntual referente al funcionamiento del aparato judicial en general y a la eficiencia del sistema.

¿Cuáles son los puntos claves que tendrían que estar incluidos en esa reforma?
Hay que acercar la justicia al ciudadano; es lo que uno puede llamar la ‘tutelarización’ de la justicia, en el sentido de que toda la administración de justicia funcione de una manera tan eficiente como ocurre con las tutelas. Ese es un tema que le preocupa muchísimo más a la sociedad que los temas macro que se han venido tratando, como las elecciones en las altas cortes. Me parece muchísimo más urgente, desde el punto de vista de la sociedad, acercar realmente la administración de justicia al ciudadano.

¿Qué va a hacer el Gobierno si revive la polémica reforma de la justicia del 2012?
Hay que esperar a que salga la decisión del Consejo de Estado, que tiene que ser un poco más compleja que la eventual declaración de nulidad de la actuación del Presidente. En ese escenario, que es solo uno de los posibles, se tendría que decir qué pasaría con la reforma judicial. Por eso es preferible esperar la decisión para tomar una determinación desde el punto de vista del Gobierno.

Hace dos años, el presidente Santos presentó el Código General del Proceso como la gran revolución de la justicia, pero no se ha implementado por falta de recursos...

Ahí hay dos componentes. En uno, el monetario, probablemente hagan falta recursos. El otro tiene que ver con gestión; ese componente es para revisar. Hay que examinar con todos los operadores judiciales cómo se está manejando la gestión de recursos y tratar de optimizarlos.

Uno de sus principales retos será crear el tinglado de la justicia para el proceso con la guerrilla. ¿Cuáles serán las líneas en esa tarea?
El proceso de paz lo dirige el Presidente, apoyado en la comisión de negociación que está en La Habana. El Ministerio de Justicia se dedicará a seguir apoyando jurídicamente el proceso.

¿Hasta dónde debe ceder la justicia en aras de la paz?
No se trata de ceder, ni de renunciar a la justicia. La justicia tiene muchísimas formas de operar. Yo sé que la gente normalmente identifica el ejercicio penal con la aplicación de determinadas penas, pero esa es una visión parcial. La justicia tiene muchas manifestaciones, y en materia penal existen penas distintas de las meramente privativas de la libertad. Aquí no se está hablando de renunciar a la justicia.

¿Le suena que militares que han cometidos delitos en medio del conflicto terminen con pena alternativa o excarcelados?
Esos son temas de los que se ha hablado de manera muy genérica. Me parece que se deben hacer distinciones en relación con los miembros de las Fuerzas Militares que no cumplen estrictamente con su función constitucional y legal y los casos en los que haya habido exceso en el desarrollo de esa función legítima.
¿Esos beneficios deberían cobijar a militares procesados por el Palacio de Justicia?
Sobre ese tema preferiría no pronunciarme, porque fui parte de los procesos que en un momento se adelantaron. Entonces será un tema del cual me declararé impedido cuando me posesione.

¿Se mantiene la línea de revisar la política de drogas?
Vamos a buscar manejos alternativos a la simple represión. Lo que pasa es que la búsqueda de esos mecanismos alternativos siempre es gradual, pero ya hay un camino avanzado.

Su antecesor era crítico con el sistema penal acusatorio. ¿Usted cómo lo ve?

Es un buen sistema. Teóricamente está bien concebido, pero sin dudas presenta fallas puntuales en el funcionamiento, como las que mencionó el ministro Gómez Méndez. Muchas de esas fallas probablemente van a ser corregidas por un proyecto de ley que ya tiene avanzado la Fiscalía General.