Actas
con espacios en blanco, nuevo escándalo en la Judicatura
Así se habrían
realizado nombramientos sin que fueran aprobados por la Sala Disciplinaria.
Con la revelación de la denuncia sobre un presunto
fraude en nombramientos de la Sala Disciplinaria, la suerte del Consejo
Superior de la Judicatura en el proyecto de reforma de la justicia quedó ayer
en vilo.
El propio fiscal general, Eduardo Montealegre Lynett, reveló algunos detalles del nuevo escándalo, en la cumbre de poderes que se realizó en el palacio. Al encuentro asistieron congresistas y los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado por invitación expresa del presidente Juan Manuel Santos, con el objeto de discutir el avance del proyecto de reforma.
El propio fiscal general, Eduardo Montealegre Lynett, reveló algunos detalles del nuevo escándalo, en la cumbre de poderes que se realizó en el palacio. Al encuentro asistieron congresistas y los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado por invitación expresa del presidente Juan Manuel Santos, con el objeto de discutir el avance del proyecto de reforma.
"En unas actas se afirma que fueron nombrados
unos magistrados del Consejo Seccional cuando, en realidad, y eso es lo que
estamos investigando, esos nombramientos no fueron acordados en sala",
explicó Montealegre.
Los hechos fueron denunciados en la Fiscalía el pasado viernes por un alto dignatario de la Judicatura y ya hubo una inspección judicial en la secretaría de la Sala Disciplinaria.
"Se están investigando inicialmente seis nombramientos, pero queremos saber si son hechos aislados o si hay otros casos, y si esto es parte de un fenómeno generalizado", informó Montealegre al salir de Palacio.
La Fiscalía obtuvo las actas finales de las reuniones de la Sala en las que se evidencia la presunta trampa.
En esos documentos aparecen las vacantes por renuncias de funcionarios (entre ellos también magistrados) seccionales seguidos de espacios en blanco que, al parecer, fueron llenados luego con los nombres de sus remplazos. El denunciante dice que esas designaciones no se discutieron en la Sala.
"Cada uno de los magistrados tenía derecho a proponer un nombre, el cual se discutía entre todos. Pero, de un tiempo para acá, dejaron de tratarse esos asuntos en la Sala", agregó el denunciante, que también aseguró que la aprobación de las actas comenzó a sufrir retrasos.
La Fiscalía ya tiene evidencias de irregularidades en el nombramiento de al menos seis funcionarios que se posesionaron de esa forma. Ninguno de ellos se encuentra en su cargo actualmente.
Los investigadores analizan nombramientos efectuados desde el 2007 hasta el año pasado. En la revisión de estos casos ha llamado la atención de la Fiscalía que los funcionarios designados, al parecer irregularmente, no permanecían en el cargo más de seis meses.
El expediente -con más de 600 folios- será remitido la próxima semana a la Comisión de Acusación de la Cámara para que efectúe las investigaciones contra algunos magistrados que también estarían implicados.
Según el proceso, la mayoría de esas designaciones ocurrieron siendo presidentes de sala los magistrados Ovidio Claros, Angelino Lizcano, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón. Ellos firman la mayoría de los nombramientos. Tres de ellos -Villarraga, Garzón y Claros- son investigados por la Contraloría en el escándalo por el 'carrusel de pensiones'. Contra ellos se abrió un juicio fiscal por haber nombrado en sus despachos a magistrados auxiliares que, después de trabajar entre 2 y 4 meses, terminaron jubilándose con mesadas de más de 12 millones de pesos.
Ante la denuncia, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Angelino Lizcano, dijo que el pasado 25 de abril ordenó abrir una investigación disciplinaria contra Yira Lucía Olarte Villa, la secretaria de la Sala Disciplinaria.
"Es importante aclarar que estas actuaciones corresponden a hechos administrativos completamente ajenos a las funciones de los magistrados de la Sala y de total responsabilidad de la Secretaría General", indicó Lizcano en un comunicado. Por ahora, un fiscal estudia si pide audiencia de imputación de cargos contra la secretaria Yira Lucía Olarte Ávila.
justicia@eltiempo.com
Los hechos fueron denunciados en la Fiscalía el pasado viernes por un alto dignatario de la Judicatura y ya hubo una inspección judicial en la secretaría de la Sala Disciplinaria.
"Se están investigando inicialmente seis nombramientos, pero queremos saber si son hechos aislados o si hay otros casos, y si esto es parte de un fenómeno generalizado", informó Montealegre al salir de Palacio.
La Fiscalía obtuvo las actas finales de las reuniones de la Sala en las que se evidencia la presunta trampa.
En esos documentos aparecen las vacantes por renuncias de funcionarios (entre ellos también magistrados) seccionales seguidos de espacios en blanco que, al parecer, fueron llenados luego con los nombres de sus remplazos. El denunciante dice que esas designaciones no se discutieron en la Sala.
"Cada uno de los magistrados tenía derecho a proponer un nombre, el cual se discutía entre todos. Pero, de un tiempo para acá, dejaron de tratarse esos asuntos en la Sala", agregó el denunciante, que también aseguró que la aprobación de las actas comenzó a sufrir retrasos.
La Fiscalía ya tiene evidencias de irregularidades en el nombramiento de al menos seis funcionarios que se posesionaron de esa forma. Ninguno de ellos se encuentra en su cargo actualmente.
Los investigadores analizan nombramientos efectuados desde el 2007 hasta el año pasado. En la revisión de estos casos ha llamado la atención de la Fiscalía que los funcionarios designados, al parecer irregularmente, no permanecían en el cargo más de seis meses.
El expediente -con más de 600 folios- será remitido la próxima semana a la Comisión de Acusación de la Cámara para que efectúe las investigaciones contra algunos magistrados que también estarían implicados.
Según el proceso, la mayoría de esas designaciones ocurrieron siendo presidentes de sala los magistrados Ovidio Claros, Angelino Lizcano, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón. Ellos firman la mayoría de los nombramientos. Tres de ellos -Villarraga, Garzón y Claros- son investigados por la Contraloría en el escándalo por el 'carrusel de pensiones'. Contra ellos se abrió un juicio fiscal por haber nombrado en sus despachos a magistrados auxiliares que, después de trabajar entre 2 y 4 meses, terminaron jubilándose con mesadas de más de 12 millones de pesos.
Ante la denuncia, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Angelino Lizcano, dijo que el pasado 25 de abril ordenó abrir una investigación disciplinaria contra Yira Lucía Olarte Villa, la secretaria de la Sala Disciplinaria.
"Es importante aclarar que estas actuaciones corresponden a hechos administrativos completamente ajenos a las funciones de los magistrados de la Sala y de total responsabilidad de la Secretaría General", indicó Lizcano en un comunicado. Por ahora, un fiscal estudia si pide audiencia de imputación de cargos contra la secretaria Yira Lucía Olarte Ávila.
justicia@eltiempo.com
Denuncia permitió superar rechazo a desaparición de
tribunal
La grave denuncia presentada ayer por el fiscal
general, Eduardo Montealegre, en presencia del presidente Juan Manuel Santos y
altos dignatarios de las cortes, cayó como "un baldado de agua fría entre
los asistentes".
Tras escuchar las acusaciones, que en fuentes del Gobierno se llegaron a considerar como de la más pura "delincuencia", los magistrados del Consejo de Estado y de las cortes y el mismo Fiscal General, que no eran partidarios de la eliminación de la Judicatura, se hicieron a un lado.
En todo caso, la reunión de los tres poderes públicos dio un nuevo aire a la aprobación de la reforma de la justicia. Tras superar el impasse de la Judicatura, el Congreso, el Ejecutivo y las cortes estuvieron de acuerdo en modificar el procedimiento para juzgar a los altos funcionarios del Estado (los aforados) y en mejorar los recursos presupuestales para la rama.
Y anoche, en el Ministerio de Justicia, se abrió paso un final feliz para la reforma de la justicia, proyecto que se viene discutiendo desde comienzos del actual gobierno.
El Consejo Superior de la Judicatura, creado por la Constitución de 1991 para administrar la Rama Judicial, se ha convertido en fuente de sucesivos escándalos de corrupción y objeto de varios intentos para acabarlo. De hecho, en su primera campaña presidencial (2002), Álvaro Uribe hizo de ese objetivo una de sus principales promesas, pero no lo consiguió.
Tras escuchar las acusaciones, que en fuentes del Gobierno se llegaron a considerar como de la más pura "delincuencia", los magistrados del Consejo de Estado y de las cortes y el mismo Fiscal General, que no eran partidarios de la eliminación de la Judicatura, se hicieron a un lado.
En todo caso, la reunión de los tres poderes públicos dio un nuevo aire a la aprobación de la reforma de la justicia. Tras superar el impasse de la Judicatura, el Congreso, el Ejecutivo y las cortes estuvieron de acuerdo en modificar el procedimiento para juzgar a los altos funcionarios del Estado (los aforados) y en mejorar los recursos presupuestales para la rama.
Y anoche, en el Ministerio de Justicia, se abrió paso un final feliz para la reforma de la justicia, proyecto que se viene discutiendo desde comienzos del actual gobierno.
El Consejo Superior de la Judicatura, creado por la Constitución de 1991 para administrar la Rama Judicial, se ha convertido en fuente de sucesivos escándalos de corrupción y objeto de varios intentos para acabarlo. De hecho, en su primera campaña presidencial (2002), Álvaro Uribe hizo de ese objetivo una de sus principales promesas, pero no lo consiguió.
Otros cambios que salvaron la reforma de la
justicia
Cumbre de los tres poderes públicos realizada ayer
consiguió que las altas cortes volvieran al debate.
1. C. de Acusación
Eliminación de la Comisión de Acusación de la
Cámara. Se acordó suprimir las funciones judiciales del Congreso. Una ley
determinará el nuevo juez que conocerá las investigaciones contra los altos
dignatarios del Estado.
2. Juicio político
Los altos dignatarios del Estado tendrán juicios de
responsabilidad política antes de que sus procesos disciplinarios y penales
sean conocidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por sus actos
del servicio.
3. C. Administración
Se creará el Consejo Nacional de Administración
autónomo, organismo encargado de diseñar las políticas generales para la
administración de la rama. Esta nueva institución reemplazaría a la Sala
Administrativa del moribundo Consejo de la Judicatura.
4. C. Disciplinario
Esta instancia será la responsable de disciplinar a
los jueces, magistrados de tribunal, fiscales, empleados de la justicia y
abogados. Reemplazará a la Sala Disciplinaria del actual Consejo Superior de la
Judicatura. Tiene origen en las altas cortes.
5. Doble instancia
Se creará la doble instancia en los procesos
penales que la Corte Suprema de Justicia emprenda contra los congresistas. Esta
es una de las aspiraciones de aquellos. Se separará la investigación del
juzgamiento, pero ambos quedarán en la Corte.
6. C. de Abogados
Se recomienda
crear una colegiatura para que los abogados se autodisciplinen. En la
actualidad, el Ministerio de Justicia avanza en la preparación de un proyecto
de ley en este sentido. Es reclamo del Gobierno que los abogados sean más
responsables.
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