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Mayo 2012 - 11:42 pm
Intocables
El poder del Consejo Superior de la Judicatura
Por:
Redacción Política
Gobierno
dice estar convencido de la necesidad de eliminarlo por ineficaz, pero pese a
los escándalos, la historia ha demostrado que es una corporación casi que
intocable.
El Consejo Superior de la
Judicatura representa, para sus defensores, una garantía para la autonomía de la
Rama Judicial. / El Espectador
El tema no es nuevo y desde hace por lo menos 12
años los gobiernos de turno han hecho sus respectivas propuestas de reformar a
la justicia, con un tema infaltable: la eliminación o reestructuración del
Consejo Superior de la Judicatura. Andrés Pastrana habló de ello, pero nunca
pudo sacar adelante una iniciativa en ese sentido. Álvaro Uribe incluyó
suprimir la entidad en su propuesta de ‘poda institucional’, que buscaba hacer
más eficaz el funcionamiento del Estado. Y ahora el gobierno Santos habla de la
necesidad de reemplazarlo o hacerle una “gruesa reingeniería”.
“El Gobierno está absolutamente convencido, lo
estuvo desde el comienzo y lo está ahora más todavía, de la necesidad de
reemplazar a un Consejo de la Judicatura que ha resultado ineficaz, que ha
resultado muy inferior a las expectativas y que les ha dado tan malas noticias
a los colombianos a lo largo de los años, pero sobre todo en los últimos
tiempos(...) su reemplazo está planteado desde el lado administrativo y desde
el lado disciplinario”, ha dicho el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra,
refiriéndose a lo que se ha convertido en un punto fundamental para el gobierno
Santos en su intento propio de reforma a la Rama.
La historia muestra que el Consejo Superior de la
Judicatura ha sido una corporación cuestionada, envuelta en sucesivos
escándalos —el más reciente, el denominado ‘carrusel de las pensiones’— y
señalada de despilfarros en materia de contratación y viáticos de
desplazamientos de sus funcionarios, de inoperancia a la hora de sancionar a
jueces y abogados, así como de estar politizada. Pero, al mismo tiempo, se ha
visto que a pesar de los embates, las propuestas de reforma o eliminación nunca
prosperan y que en el mismo Congreso de la República pareciera existir un
‘blindaje’ cuando se quiere ‘meterle mano’ al asunto.
Casi todos los análisis coinciden en que el
problema nace del proceso mismo de elección de sus magistrados. “El mecanismo
creado por la ley ha abierto las puertas para que así como allí llegan
profesionales de altos méritos y amplios conocimientos, también aterricen otros
que son más duchos en ‘lagartear’ nombramientos que en la ciencia del derecho.
Y por esa vía se ha abierto un boquete de prácticas incorrectas”, advierte el
abogado Eduardo Muñoz Serpa.
En efecto, los siete magistrados que conforman la
Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura —encargada de investigar y
disciplinar a jueces y abogados— son elegidos por el Congreso de ternas
presentadas por el presidente de la República. En cuanto a los magistrados de
la Sala Administrativa, estos son designados por las otras altas cortes, lo
cual asegura su independencia del Gobierno, pero al mismo tiempo tiene el
problema de que no representan a ninguno de los actores del sistema judicial,
como jueces, empleados judiciales, fiscales y abogados litigantes.
Ayer el actual vicepresidente de la corporación,
magistrado Jorge Armando Otálora, se mostró preocupado por la visión del
ministro Esguerra y tras señalar que “aquí no se dejan madurar las
instituciones cuando ya se están eliminando”, dijo que la entidad representa la
verdadera autonomía de la Rama y, ante los cuestionamientos, estar dispuestos a
someterse a cualquier auditoría sobre sus competencias, funcionamiento y
resultados.
Un reto riesgoso si se tiene en cuenta que según un
reciente informe de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y
Seguridad, son evidentes los incumplimientos para los objetivos del Plan
Nacional de Descongestión y en obras cruciales para el desempeño de la justicia
en varias regiones del país se presentaron atrasos injustificados con
detrimento para las finanzas del Estado por $490 mil millones.
Por los lados del Capitolio Nacional prefieren
caminar con cautela para evitar suspicacias, como las que se dieron
recientemente con algunos nombramientos de magistrados del alto tribunal en el
gobierno Uribe —como el de Angelino Lizcano, exsecretario general de la
Cámara de Representantes— y con los fallos de la Sala Disciplinaria en los que
se invalidaron sentencias de la Corte Suprema en asuntos de la yidispolítica y
la parapolítica.
Que tiene poder,
de eso nadie tiene duda, ni en la Rama Judicial ni entre los congresistas. Aún
así, el representante conservador Miguel Gómez Martínez se
atreve a hacer una radiografía de lo que sucede: “Allí hay un poder gigantesco,
hay un presupuesto colosal y uno de los problemas serios de la justicia en
nuestro país es el régimen de carrera judicial. Hay un problema muy serio: la
calidad y la selección de los funcionarios de la Rama Judicial no es la mejor Y
cuando uno le quiere meter diente a ese hueso hay mucha gente a la que no le
conviene que se toque ese asunto”.
Otros, como el senador del Polo Jorge Robledo, ven
en la postura del Gobierno otras intenciones: “Hay una necesidad de administrar
bien la justicia, porque los que lo han hecho hasta ahora lo han hecho mal. Eso
no necesariamente quiere decir que la institución no deba estar. Lo que está
intentando el Gobierno es que la administre directamente el presidente de la
República, lo cual viola la separación de los poderes. Y no cabe duda de que el
Consejo de la Judicatura se mantiene porque hay poderes que se mueven en uno y
otro sentido”. Y Armando Benedetti, de la U, es concluyente: “Es verdad que el
Congreso no los ha querido acabar porque seguramente les han ayudado con alguna
gobernabilidad”. Como quien dice, intercambio de favores.
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