La Reforma a la
Justicia
14 mayo /
eluniversal.com.co
El
Gobierno justificó el proyecto de Reforma a la Justicia con el argumento de que
su objetivo era el fortalecimiento de la administración autónoma de la rama
Judicial, el robustecimiento de su eficacia y la descongestión de los
despachos, pero lo que se aprobó en el Senado el pasado jueves parece un pacto
de mutuos beneficios entre las altas cortes y el Congreso.
Faltando
sólo dos debates para convertirse en ley, uno en la Comisión Primera de la
Cámara y otro en la plenaria de esa corporación, la Reforma seguramente no
tendrá modificaciones de fondo, sino de forma, en virtud del acuerdo al
que llegaron los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial el 3 de mayo
pasado, del cual se marginó el Consejo de Estado.
La
negociación de mutuos beneficios entre el Congreso y las altas cortes está muy
lejos de ayudar al fortalecimiento de la administración autónoma de la rama
Judicial, pero al Gobierno no le preocupa esto, a juzgar por lo que dijo el
ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en una entrevista con Argemiro
Piñeros para Colprensa: “Pueda que en el Congreso haya gente que dice que
beneficia más a las cortes, pero si van a las cortes, allá dicen que beneficia
más al Congreso, lo cual hace que sea una reforma que tenga cierto equilibrio”.
Los
congresistas se benefician con la doble instancia para su juzgamiento, con un procedimiento tan engorroso y con tantos
requisitos, que será un milagro que los procesos puedan completarse
eficazmente, lo cual debilita los controles penales y disciplinarios de los
congresistas.
Los
actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional que avalaron la Reforma, reciben el beneficio de un aumento
en su período de 8 a 12 años, aunque el Gobierno quería que fuera para los
próximos.
¿Se le
puede llamar equilibrio a eso?
Sin
mencionar que los propios congresistas aprobaron cambios en la manera de
juzgarlos, entre ellos el relacionado con la pérdida de investidura hasta por
un año, que será gradual y, como dijo el Consejo de Estado, desnaturaliza esa
sanción y “resta eficacia a un instrumento de moralización política y de
control ético que mucho ha contribuido a la defensa y fortalecimiento
institucional del Congreso”.
Como si
esto fuera poco, los congresistas tendrán la posibilidad de votar sin declarar
los conflictos de intereses.
Y ni se
diga de los altos funcionarios, incluyendo al presidente y los ministros,
contralor, procurador o magistrados, quienes con la eliminación de la Comisión
de Acusaciones tendrán la gabela de un antejuicio por una comisión de juristas
insignes.
Otro
punto controversial fue la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura,
incluyendo sus salas disciplinaria y administrativa, y su reemplazo por el
Consejo Nacional de Disciplina Judicial y el Sistema de Administración
Judicial. Lo inexplicable es que sustituya la sala disciplinaria de siete
miembros por un Consejo compuesto por nueve.
Para el
Consejo de Estado, además, “es excesiva y antitécnica la atribución de
funciones al Director Ejecutivo de Administración Judicial y su sometimiento a
control político por parte del Congreso”.
Estos
cambios, más que fortalecer, vulneran la autonomía de la rama judicial y
facilitan la impunidad en casos de corrupción.
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