Hay una tensión cada vez más fuerte: Presidente del Consejo de Estado en entrevista con El Espectador

19 Mayo 2012 - 9:00 pm

"Hay una tensión cada vez más fuerte"

Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, se descubre.

"'Lobby' significa buscar opinión", según Gustavo Gómez. / Gabriel Aponte

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Por qué el Consejo de Estado apoya la reforma a la justicia unas veces y la rechaza otras?

Magistrado Gustavo Gómez Aranguren.- Es una percepción equivocada. La verdad es que la posición de esta corporación ha sido lineal a lo largo de este proceso. El año pasado nos convocó el Presidente para que participáramos en una mesa de concertación. Nuestra visión quedó consignada en un proyecto que el Consejo de Estado presentó ante el Congreso, incluso antes de que el de gobierno enviara el suyo, muy distante del nuestro. Al principio se dio un trámite más o menos simultáneo de las dos propuestas en el parlamento y Mauricio Fajardo, presidente del Consejo en ese momento, estuvo al tanto de todo. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que el ejercicio era inútil porque nuestro proyecto fue marginado por completo.

C.O.T.- ¿Por qué no lo dijeron entonces?

G.G.A.- Lo dijimos: en noviembre del año pasado anunciamos que nos retirábamos de ese trámite. En diciembre, cuando culminó la primera vuelta, la rama judicial quedó muy preocupada por lo que se había aprobado. Eso motivó que la nueva administración del Consejo de Estado en cabeza mía, volviera a participar en las discusiones pero por fuera del debate parlamentario. Hablamos con múltiples grupos que tienen representación en el Congreso tratando de persuadirlos de mejorar la propuesta.

C.O.T.- ¿Cuáles puntos les preocupaban más?

G.G.A.- Varios, entre ellos el desplazamiento del poder hacia el Ejecutivo y el Legislativo que rompe el modelo del Estado Social de Derecho. La rama Judicial quedaba en tal desigualdad de condiciones que incluso pensamos en acudir a la OEA porque Colombia ha firmado pactos internacionales que debe cumplir. Esta situación originó que intentáramos persuadir al Congreso, partidos políticos y grupos de ciudadanos de llegar a un acuerdo que recompusiera los estropicios que venían cocinándose. Tal vez esto ha podido dar la sensación de que hemos estado dudando. En realidad lo que tratábamos de hacer era prevenir males mayores.

C.O.T.- Recientemente usted, que se oponía a la reforma, asistió a una reunión con el jefe de Estado, el ministro Esguerra, congresistas y el presidente de la Corte Suprema. Todos salieron en rueda de prensa anunciando que habían llegado a un acuerdo…

G.G.A.- Esa fue la sensación que quedó.

C.O.T.- No solo la sensación. El ministro así lo anunció. Pero tres días después, el Consejo de Estado presidido por usted, expresó en un comunicado su decisión de marginarse de ese trámite ¿Por qué?

G.G.A.- La reforma constitucional a la justicia parece una montaña rusa: cada vez que hay una discusión, aparecen propuestas diferentes, algunas muy delicadas. Por ejemplo, la iniciativa de terminar con el antefuero de los magistrados y la jerarquización de las cortes según la cual la Constitucional tendría la facultad de nombrar un tribunal para juzgar a sus pares en las otras cortes. Si esto se aprobara, se terminaría la independencia judicial.

C.O.T.- ¿Por qué?

G.G.A.- Porque ¿cómo puede usted garantizar la independencia del juez si está preocupado con la posibilidad de ser denunciado disciplinaria o penalmente e investigado por un tribunal con origen político? Censuramos públicamente ese propósito.

C.O.T.- De todas maneras sus protestas no parecen útiles porque no les ponen atención.

G.G.O.- No estoy de acuerdo con usted. El Consejo de Estado convocó a un pleno de poderes. Proponíamos reunirnos en un terreno neutral con el presidente de la República, los presidentes del Congreso, los presidentes de las Comisiones Primeras y esta corporación para discutir ese y otros puntos. La solicitud se envió y hubo silencio. El miércoles pasado nos invitaron vía telefónica a un desayuno en Palacio. En cierto sentido, se estaba atendiendo la petición que habíamos formulado.

C.O.T.- Perdone le formulo de nuevo la pregunta: ¿por qué al salir de la Casa de Nariño usted parecía estar de acuerdo y luego expresó que se marginaba de las discusiones?

G.G.A.- Su primer supuesto, el de que yo estaba de acuerdo, nace de la apariencia y no de la realidad. En esa reunión se suscribió solo una manifestación de intenciones pero no redactamos artículos ni hicimos promesas. En concreto, ese día el gobierno atendió nuestros planteamientos.

C.O.T.- ¿Se comprometió a impulsar lo que ustedes proponían?

G.G.A.- Exactamente. Los puntos de entendimiento estaban en tres ejes: 1. Orientar la reforma hacia el fortalecimiento de la rama judicial como política pública permanente. 2. Poner en el proyecto todos los aspectos administrativos de la justicia que había previsto el Consejo de Estado y 3. Planteado por mí personalmente, que los elementos extraños al propósito de una reforma a la justicia se excluyeran.

C.O.T.- ¿A cuáles elementos se refería?

G.G.A.-. A la reforma política del régimen del Congreso que no tiene nada que ver con la de la justicia.

C.O.T.- ¿Propuso retirar de la reforma todas las modificaciones al reglamento interno, régimen disciplinario y sistema de juzgamiento de los congresistas, lo único que parece interesarles?

G.G.A.- Sí. Dije que esos temas no deberían estar en una reforma judicial.

C.O.T.- ¿Cuál fue la respuesta del gobierno y del Congreso?

G.G.A.- El Congreso insistió en esos cambios que, de todas maneras, son respetables. El Consejo de Estado, por ejemplo, consiente que se introduzca la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura pero ese punto fue acordado directamente con la Sala de Gobierno de esta corporación.

C.O.T.- ¿El gobierno faltó a su palabra en cuanto al Consejo de Estado?

G.G.A.- Esa afirmación es muy fuerte porque no había un compromiso sino, simplemente, una manifestación de intención, como ya le dije.

C.O.T.- Uno supone que una manifestación de intención es para cumplirla.

G.G.A.- Cuando uno hace propósitos sin definiciones precisas, el ámbito de interpretación de esos propósitos es amplio. Por eso entendí que se trataba más bien de allanar las distancias que existían entre las ramas del poder. De nuestra parte, era una oportunidad para que, a partir de las conversaciones, tanto el gobierno como el Congreso reflexionaran sobre la introducción de temas ajenos a la reforma judicial. Pero, del otro lado, también es claro que el gobierno estaba en su derecho de incluir las iniciativas que creyera convenientes como la de traspasarles competencias judiciales a particulares.

C.O.T.- Todo el país sabe que el gobierno puede someter a la mayoría del Congreso. Si quisiera hundir la reforma, la hundiría sin problema. Si no lo ha hecho es porque le gusta ¿No será que la ha tomado como disculpa para resolver líos políticos latentes?

G.G.A.- Lo que interesa es que a la hora de la verdad en esas reformas no hay interés real de resolver el problema de la justicia. Hace 34 años se está diciendo lo mismo sobre los problemas judiciales pero lo cierto es que no hay intención de la clase dirigente en tener un sistema fuerte y eficaz. Las reformas a la justicia se piensan de tarde en tarde para desarrollar algunas lógicas políticas…

C.O.T.- ¿Cree que esta reforma, aparte de que no se concentra en los problemas judiciales, es un símbolo de la confrontación política actual?

G.G.A.- Es probable. Entre otras cosas, una verdadera reforma a la justicia se podría realizar con modificación de normas legales y no hay que tocar la Constitución.

C.O.T.- En el trámite de esta reforma a la justicia se han descubierto verdades políticas. Se dice que este proyecto se ha convertido en un pulso entre el santismo y el uribismo ¿Cree que es cierto?

G.G.A.- Es una hipótesis de la que no puedo hablar desde mi posición de presidente del Consejo. Sí siento que el país atraviesa por una serie de tensiones que son muy preocupantes en tanto que lleva a afectar un servicio y un poder del Estado en el cual gravita buena parte la estabilidad de la nación: la administración de justicia. Desde todos los frentes se denuesta de ella, se la desacredita y se intenta afectar el prestigio personal de los magistrados. Eso ha sucedido en el pasado reciente y ahora también con, por ejemplo, el caso de las pensiones, generalizando casos que son aislados. Así se crea una plataforma de vulnerabilidad del sistema judicial que se usa después para explicar la necesidad de reformarlo, mediante acción del Congreso.

C.O.T.- También se dice que si no se aprueba esta reforma, el uribismo tendría vía libre para impulsar una constituyente ¿Ha oído esa teoría?

G.G.A.- La historia reciente demuestra que si no es posible hacer las reformas por vía del Congreso de la República, se intentará adelantarlas mediante asamblea constituyente. Mi interpretación es que sí hay una tensión en ese campo, que cada vez es más fuerte y que pone en riesgo la vida nacional.

C.O.T.- El concepto de asamblea constituyente gravita alrededor de esta reforma un poco ficticiamente para generar temor: o se aprueba o viene el “coco” Uribe ¿Ustedes quedaron en la mitad de ese sándwich presidencial?

G.G.A.- Insisto en que no quisiera referirme a ese punto. Si digo que si el proyecto que hace su curso se hundiera, quedaría la impresión social de que existen órganos demasiado perturbados en la rama de la justicia y que es necesario salir de ellos. Y que si el Congreso no pudo, habría que buscar otra salida. Lo cierto es que la sociedad no resiste más esa visión que se ha creado de la justicia y que, en ese escenario, se abrirían otros mecanismos que puedan “depurar” el poder judicial.

C.O.T.- Es decir, usted cree que debe aprobarse la reforma para evitar una constituyente…

G.G.A.- La pregunta es: ¿si no logramos depurar la justicia con una discusión en el Congreso, hay que buscar otro mecanismo constitucional para lograrlo? Por ahí se abriría la puerta de lo que usted está señalando para darles curso a los intereses políticos del pulso que se está dando en el país. Pero no puedo ir más allá porque un juez se expresa sobre hechos cumplidos, no sobre especulaciones.

C.O.T.- Su interpretación, que comparten en el gobierno, conduce a la falsa conclusión de que se apruebe la reforma no importa lo que contenga ¿No será un espejismo para purificar un proyecto ilegítimo?

G.G.A.- Más que pérdida de legitimidad, me preocupa que se dilapidarían unos activos de la Carta Política. La pérdida de investidura, el juzgamiento actual de los parlamentarios y su régimen disciplinario, no le pertenecen al Congreso sino al pueblo colombiano para garantizar que sus representantes sean ciudadanos de primerísimo orden ético. Cuando un Congreso pierde su talante moral, colapsa la democracia.

C.O.T.- Desafortunadamente en el curso de esta reforma también han quedado al descubierto las fallas de las cortes, en particular, los magistrados que andan litigando en causa propia ante sus futuros o actuales investigados en el Congreso, para que les amplíen el periodo de 8 a 12 años y la edad de retiro de 65 a 70 años. Para usted ¿es aceptable esta conducta?

G.G.A.- Institucionalmente el Consejo de Estado ha manifestado que no opina sobre ese tema porque no puede referirse a un asunto que lo puede beneficiar. Cuando se trata de evaluar conductas ajenas es muy difícil adoptar la posición de gran maestre de la moral. Nuestro planteamiento en la reunión de los altos poderes fue el de respeto por lo que hicieran los otros magistrados. Es una responsabilidad que se agota en la conciencia de cada quien.

C.O.T.- Permítame decirle que no estoy de acuerdo. El problema es institucional y de pronto hasta judicial: en ninguna parte del mundo los jueces reciben dádivas de sus posibles investigados.

G.G.A.- Varias personas se han expresado como usted. Quienes opinan lo contrario exponen que se quebraría el principio de igualdad si los actuales magistrados no pudieran acceder a lo que se defina en la reforma. En la reunión de poderes en la Casa de Nariño alguien preguntaba cuánto daño han hecho los miembros de las cortes como para excluirlos de la extensión de su periodo. También se preguntaban si existe la prohibición y si no, por qué imponer una cortapisa como ésa, de manera autoritaria y unilateral sobre una premisa moral.

C.O.T.- Hagamos la comparación con el régimen del Congreso: existe hoy un régimen de impedimentos y de inhabilidades y hay conflictos de interés que impiden que un parlamentario vote un proyecto que lo beneficia personalmente ¿Por qué no aplica ese mismo régimen a los jueces que deben preservar su independencia en vez de recibir el gran beneficio de cuatro años más en su cargo.

G.G.A.- No tanto regalo. Para algunos esos cuatro años serán de mucho trabajo.

C.O.T.- No, magistrado. Es una gran dádiva ¿Los jueces no se declararán después impedidos ni tendrán conflicto de interés cuando llegue el momento de revisar la conducta de un parlamentario que votó a favor de la ampliación del periodo de los magistrados?

G.G.A.- La posición de la corporación es no opinar al respecto, como le dije. En lo particular, debo decir que no me interesa y que me parece que debería regir a futuro, lo cual no implica que yo les imponga a los demás mi punto de vista. Por otra parte, pensar que cuatro años más de periodo constituyen un gran regalo, responde tal vez al desconocimiento del enorme sacrificio que implica ser magistrado.

C.O.T.- No se pueden desconocer los enormes beneficios personales y profesionales que genera ese poder.

G.G.A.- Solo quienes están fuera lo ven así.

C.O.T.- Explíqueme entonces por qué hay tanto magistrado dedicado al lobby, rogándoles a los parlamentarios que voten a su favor.

G.G.A.- Desde el punto de vista sociológico se explica por la seguridad social. Con el régimen de transición que rige en la actualidad, hay quienes al terminar su periodo salen sin pensión. Están quedando en la calle personas que dedicaron su esfuerzo a tratar de hacer de Colombia un país con justicia respetada y respetable. Y la respuesta es que, una vez terminado su periodo, los magistrados tienen que vivir de la nada. Hay que encontrar un punto medio justo equilibrio. Así, pues, las cosas no son tan en blanco ni tan en negro.

C.O.T.- Entonces ¿para usted la majestad de la justicia no se ve desminuida cuando un miembro de corte va a rogar al Capitolio que voten a su favor?

G.G.A.- Aunque esa posición es absolutamente respetable, no la comparto porque los congresistas son servidores públicos y cada ciudadano, sea éste magistrado o juez, es libre de ir a hablar con sus representantes para expresarles sus demandas. Impedirles a los funcionarios de la justicia que lo hagan, es crear una especie de discriminación so pretexto de que como son magistrados, tienen que aguantarse su situación de inseguridad social. Hay un dicho en Boyacá según el cual eso es lo que da la tierra. No hay más. Uno no puede pensar que un magistrado de un país desarrollado, con todo el cúmulo de reconocimiento económico y social, ejecute este tipo de conductas. Si lo hacen aquí, es porque somos una nación subdesarrollada y hasta sus más altos magistrados no tienen asegurado el día siguiente, en términos económicos.

C.O.T.- ¿Defiende, en consecuencia, los magistrados lobbistas?

G.G.A. – No. Comprendo su vivencia humana.

C.O.T.- Algunos congresistas admiten que han sido invitados a comida, reuniones sociales, cocteles etc., que les han ofrecido los magistrados interesados en el incremento de su periodo y de su edad de retiro ¿Le parece que esa conducta está bien para un juez?

G.G.A.- Esas son costumbres sociales. En nuestro medio ya se ha incluido una palabra de origen inglés, lobby, que significa buscar opinión. Y las opiniones se buscan en medio de prácticas sociales que no están prohibidas: conversar, tomarse unos tragos, hacer comidas.

C.O.T.- Se refería usted al dicho de que tenemos lo que da la tierra ¿Se imagina a la Corte Suprema del año 85, la de de Alfonso Reyes Echandía, haciendo lobby ante el Congreso?

G.G.A- Pensaría que la justicia en el pasado era mucho más lejana al ciudadano, menos comprometida con los dolores del ser humano. Sin referirme a esos magistrados que no conocí, esa época judicial era demasiado ligada a las formas, indolente, poco sensible a construir los valores que ahora se tienen en un Estado social de Derecho. O sea que no todo tiempo pasado fue mejor. Quiero destacar que nunca Colombia ha apreciado a su justicia y lo que sucedió con los magistrados del 85 así lo demuestra.

C.O.T.- ¿Por qué los magistrados lobbistas y los ponentes de la reforma no se han preocupado por mejorar, por ejemplo, el salario de los jueces de la base?

G.G.A.- Nuestra preocupación ha sido siempre la de mejorar el sistema de remuneración general. En el proyecto de presupuesto del 2013 hay un componente orientado a reclasificar el salario de los jueces del circuito y municipales. Reconozco que hay muchas críticas para hacerle a la carrera judicial.

C.O.T.- Para concluir ¿Es cierto que el Consejo de Estado está dividido en dos grupos que representan las tendencias políticas actuales?

G.G.A.- Es muy difícil penetrar la conciencia de cada quien para saber cuáles son sus orientaciones. Se rumoró en los medios que el presidente del Consejo de Estado había sido fustigado por sus colegas en una supuesta sesión de doce horas para discutir lo que él había dicho en la cumbre de poderes. Eso jamás sucedió. En la sala se hizo un análisis de lo que estaba pasando con el proyecto de reforma. Obviamente se presentaron voces disidentes y con plena libertad se expresaron esas opiniones. Pero no ocurrió nada más.

C.O.T.- ¿No es cierto que su colega el magistrado Velilla lidera un sector que se opone a la reforma actual por los intereses políticos del uribismo?

G.G.A.- No existen grupos en el Consejo de Estado tal como usted lo plantea. Pensaría que no hay líderes que logren llevar a otros, como ovejitas, a donde él quiera. Hay tendencias. Diría que como presidente, no tengo otra alternativa que permitir que todo el mundo se sienta a gusto y diga lo que le plazca dentro de los marcos exigidos a un juez de la República.

“Discutible validez constitucional”

Respecto de los debatidos beneficios que recibirían los magistrados actuales de las cortes, es decir, la ampliación de su periodo de 8 años a 12, y el incremento de su edad de retiro de 65 años a 70, dos recientes presidentes de la Corte Suprema que salieron hace poco tiempo de esa corporación, expresaron su desacuerdo ético y jurídico frente a esa posibilidad que, según muchos analistas, disminuiría la independencia de los jueces frente a sus eventuales investigados, los congresistas que tienen que votar la aprobación de las modificaciones anteriores. Exmagistrado Jaime Arrubla: “es totalmente inconveniente y su validez constitucional, muy discutible. Ante la opinión pública las cortes están quedando como si hubieran cedido principios que antes defendían como su independencia y autonomía, a cambio de estas prebendas. Por eso alguna vez solicité a la sala plena, antes de retirarme, que dejara en claro que ninguno de estos puntos pudiera aplicarse a los actuales miembros de la Corte. Desde el punto de vista constitucional, no entiendo cómo si uno fue elegido por ocho años, y bajo la vigencia de una norma de la misma Constitución que dice que no hay reelección, pueda el Congreso reelegir a los magistrados por medio periodo más”.

“El lobby hace perder independencia y majestad”

Exmagistrado César JulioValencia: “Un miembro de alta corte no puede, en ningún caso, ser lobbista porque pierde majestad, independencia y credibilidad, sobre todo cuando le corresponda definir o conocer directa o indirectamente, asuntos de los congresistas que votaron a su favor. Un magistrado nunca debe hacer presencia en el Congreso, salvo cuando el presidente de la Corte tenga que asistir por razones oficiales de su cargo. Aunque la ampliación del periodo es positiva, tal como está demostrado en los países desarrollados porque genera seguridad jurídica y la jurisprudencia permanece, esas modificaciones no deberían cubrir a los togados que fueron elegidos para periodos de ocho años. Si se aprueba ese artículo y los interesados aceptan, estaremos ante la posibilidad de que los jueces más preparados profesional y personalmente del país, sean objeto de duda cuando se ocupen de un proceso en donde el implicado sea uno de los votantes de la reforma. Recuerdo que hace unos años la misma Corte, ante una posibilidad similar, incluyó motu proprio un parágrafo en el que expresamente decía que la ampliación del periodo no cubriría a los magistrados que hubieran sido nombrados con anterioridad a la fecha en que entraría a regir la reforma.”